Contratos petroleros: Caducidad o barbarie jurídica, económica y ambiental

Por: Fernando Villavicencio V[*].

El Gobierno de Rafael Correa, a través del Ministro de Minas y Petróleos, Galo Chiriboga, ha dispuesto el cambio de los contratos petroleros de Participación a Prestación de Servicios, para ello dio un plazo máximo de 45 días, de lo contrario se les reembolsaría las inversiones y las compañías que no se sujeten, deberían abandonar el país.

Cuarenta años de tragedia petrolera

(Quito 12-03-08) El discurso y la política de los impulsores del modelo de privatizaciones y concesiones en el área hidrocarburífera, ha sido el de la apertura indiscriminada a la “inversión” extranjera, con el argumento de que el Estado ecuatoriano (PETROECUADOR), no tiene capacidad económica, técnica, ni operativa. Esto pese a que la empresa estatal el año 2008, manejará un presupuesto de US$ 4 mil 844 millones. El año 2007 la estatal petrolera aportó con el 38% del Presupuesto del Estado, ratificándose como la más importante empresa del país.

Dejando atrás la tragedia que cometió la compañía inglesa ANGLO en la Península de Santa Elena, recordemos que a mediados de la década de los 80 se inició un nuevo período de expansión de las concesiones y privatizaciones, proceso que parceló dramáticamente la Amazonía ecuatoriana, al punto que de 18 bloques petroleros, 17 están en manos extranjeras y apenas uno es operado por la empresa estatal PETROECUADOR (Campos Maduros), las áreas concesionadas ocupan una extensión aproximada de 4 millones de hectáreas. El Bloque 15 recuperado a OXY se lo maneja como Sociedad Anónima (estatal) figura no existente en la legislación ecuatoriana.

Las rondas petroleras impulsadas por el régimen socialcristiano de León Febres Cordero (1984) reinauguraron en el país una nueva apertura al capital transnacional, a través de los contratos de prestación de servicios, promulgados y aprobados anteriormente por el democristiano Osvaldo Hurtado. El saldo económico para el Ecuador de esta operación contractual significó, según estimaciones, el mayor perjuicio económico para el país en las últimas décadas; además de la alteración de culturas ancestrales en la Amazonía y una práctica cargada de corrupción en los procesos de aprobación de leyes, reglamentos, negociación y firma de contratos.

Del total de las reservas probadas originales estimadas en 8 mil 100 millones de barriles, en casi 40 años, se han explotado 3 mil 975 millones de barriles y queda un remanente de 4.180 millones de barriles, en calidad de patrimonio hidrocarburífero por explotar. (Informe Dirección Nacional de Hidrocarburos DNH 2007).

Los casi 4 mil millones de barriles explotados, a un precio promedio de US$ 30 el barril, considerando los bajos precios de la década de los 90 y la vertiginosa subida en el 2000 a niveles que bordean los US$ 100 el barril, equivale a US$ 120 mil millones, aproximadamente, considerados solo como materia prima. Eso generó el subsuelo de Ecuador durante cuatro décadas.

Las reservas remanentes, más de 4 mil millones de barriles, de mantenerse los precios altos, como advierte la realidad del mercado mundial, representaría, sólo como materia prima, a un precio promedio de US$ 80 el barril, US$ 320 mil millones, aproximadamente. Utilizando procesos de refinación y petroquímica, esa cifra podría fácilmente duplicarse o triplicarse.

Para el año 2008, el mapa petrolero ecuatoriano se mantiene privatizado: el 90% de los bloques, campos o áreas de exploración y explotación siguen en manos extranjeras. En las fases de comercialización de derivados y gas, el 99.9% está controlado por capital privado, en su mayoría extranjero. Para muestra: Petroecuador tiene apenas tres gasolineras, una en Quito y dos en Galápagos; todo el negocio de distribución de GLP lo hacen empresas privadas, en circunstancias en que Petrocomercial tiene varias plantas pudriéndose. En 14 meses de gobierno de Alianza País, esta realidad no ha cambiado casi nada, salvo en lo referente a la decisión de construir las plantas de almacenamiento de GLP en tierra, que significaría el fin de la dictadura monopólica de Trafigura, empresa holandesa, representada en Ecuador por el bufete González & Peñaherrera, integrado por Gonzalo González y Blasco Peñaherrera P.

Sin embargo, reconocemos que desde el Ejecutivo, en estos últimos tres meses, se han dado algunos pasos correctos, desde el Ejecutivo, como la remoción de Carlos Pareja, de la Presidencia Ejecutiva de Petroecuador, la fijación de la participación sobre los excedentes del precio del petróleo (99-1), el impulso a la construcción del almacenamiento de GLP en tierra, así como los anuncios hechos por la actual administración de la estatal, de limpiar de corrupción la empresa, aunque todavía siga como anuncio.

FACTORES  DE  CONTRATOS  DE  PARTICIPACION
BLOQUE	EMPRESA	X1	X2	X3	L1	L2
SEPTIMA RONDA
3	EDC	90,00	70,0	69,0	MMPC/D 30	MMPC/D 60
11	LUMBAQUI OIL	77,00	67,0	57,0	15.000	25.000
18	CAYMAN	74,20	73,9	71,0	35.000	45.000
19	VINTAGE	72,50	70,0	70,0	30.000	60.000
21	KERR – McGEE	67,50	60,0	60,0	30.000	60.000
27	CITY ORIENTE	79,00	69,0	50,0	30.000	60.000
28	TRIPETROL	69,00	55,0	20,0	20.000	40.000
OCTAVA RONDA
23	CGC - SAN JORGE	81,00	79,0	60,0	30.000	50.000
24	BURLINGTON	87,50	86,0	81,5	30.000	60.000
31	PEREZ COMPANC	80,50	80,0	80,0	1	60.000
MODIFICATORIOS DE PRESTACION DE SERVICIOS O ASOCIACION A PARTICIPACION
1	CANADA GRANDE	86,40	75,5	70,0	1.000	2.500
7	KERR – McGEE	76,20	74,2	65,0	5.000	10.000
COCA-PAYAMINO		70,00	65,0	62,0	9.000	15.000
FANNY 18-B	CITY INVESTING	50,00	79,0	70,0	Prod. Base  ~3.000	15.000
TARAPOA		50,00	79,0	*   73.0
14	VINTAGE	87,00	85,5	70,0	6.000	12.000
15	OXY	83,50	79,0	70,0	14.000	20.000
EDEN-YUTURI		80,00	73,0	65,0	25.000	45.000
LIMONCOCHA		40,00	36,3	30,0	5.000	12.000
16	REPSOL	84,74	77,0	60,0	20.000	40.000
BOGUI-CAPIRON		82,00	73,5	62,0	5.000	15.000
TIVACUNO		83,80	78,0	68,0	5.000	10.000
17	VINTAGE	85,50	85,0	70,0	6.000	12.000

Del cuadro se desprende la injusta e inequitativa participación que recibe el Estado en los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, cuyo promedio oscila en 20% para el dueño de los recursos naturales. Para explorar y explotar petróleo, la Ley de Hidrocarburos prevé cinco modalidades contractuales: asociación, prestación de servicios, participación, economía mixta y campos marginales.

Contratos de Prestación de Servicios

Casi todos los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, llamados de riesgo, suscritos desde la década de los 80, bajo el modelo de Prestación de Servicios (salvo el de AGIP), fueron modificados a Participación, con el saldo promedio del 20% a favor del Estado. Estos contratos de Prestación de Servicios, funcionan bajo los siguientes principios: “… el petróleo “pertenece” íntegramente al Estado; las empresas privadas son contratadas para que presten sus servicios en la exploración, bajo su cuenta y riesgo. Si las empresas encuentran petróleo comercialmente explotable, el contrato continúa para las etapas de desarrollo y producción; y entonces sus inversiones, costos y gastos, les son reembolsados con el ingreso proveniente de la venta del petróleo descubierto, reconociéndoles una utilidad razonable. “En caso de no encontrar petróleo, nada debía el Estado a las empresas y éstas tenían que revertir el área materia del contrato”. (Segovia – Villavicencio - Saltos. Ética y Corrupción).

Con base a la viveza neoliberal incorporada en la Ley y en los Contratos de Prestación de Servicios, que le otorga a la compañía una facultad exclusiva del Estado, como es la calificación de comercialidad de los bloques o yacimientos, se declararon comerciales bloques que económicamente no cumplían esa condición. Para muestra tenemos el caso del Bloque 16 (Repsol-YPF-Maxus) o el Bloque 15, antes (Occidental). De acuerdo al informe de la Comisión Especial que investigó el caso Maxus, el Bloque 16 nunca debió ser calificado de comercial, es decir, la compañía debía abandonar el país y revertir las áreas al Estado, pero vino el milagro. El Estado ecuatoriano, no podía permitir que las pobres compañías extranjeras, se fueran tristes del país, entonces, las autoridades de Energía que en su mayoría eran y son empleadillos de los carteles, se rompieron la cabeza y encontraron la fórmula: la entrega de las llamadas YAPAS (Campos Unificados y Servicios Específicos).

Si los ecuatorianos nos espantamos de humillaciones, como la deuda externa, el salvataje bancario y la guerra, sepan que los contratos petroleros superan con creces esos perjuicios, desparpajos y humillaciones. Sigamos con el botón de muestra: como el bloque 16 no fue rentable, el régimen de Rodrigo Borja, a través de Luis Román y Oscar Garzón (Primer Vicepresidente de Petroproducción de Rafael Correa), entregó ilegalmente, bajo la figura de UNIFICADO el campo Bogi-Capirón, cuyo 93% le pertenece a Petroecuador. No conformes con eso, le regalaron el Campo Tivacuno, 100% propiedad de Petroecuador y completamente alejado del Bloque 16, lo hicieron con un contrato de Servicios Específicos, una figura que se utiliza para contratar el lavado de ropa, la instalación de una bomba o la suelda de un caliche. Así, soldaron el atraco. Maxus, hoy Repsol-YPF, destruyó el campo Bogi-Capirón, destripó los yacimientos, se llevó todo el petróleo, conificó los pozos. De ahí, DE NUESTROS CAMPOS, se sacó la plata para pagar todas las monstruosas inversiones del Bloque 16, hasta la lascivia de los gringos y ahora de los españoles.

“La adjudicación de los campos Bogi-Capirón y Tivacuno a MAXUS contraviniendo expresas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos al integrar reservas propiedad de PETROECUADOR al bloque 16, estaba creando un grave precedente en la contratación petrolera ecuatoriana y provocando enormes perjuicios económicos al Estado, como lo revelaría más tarde un informe de una Comisión Especial conformada para el efecto”. (Ética y Corrupción. Segovia – Villavicencio 1999)

Para verificar lo dicho, veamos lo que señalaba un estudio de esa época (1999), realizado por el experto Alberto Segovia: “Producir un barril de petróleo a las empresas transnacionales les cuesta 14 dólares promedio, y su costo en el mercado internacional es apenas de 7 a 9 dólares promedio, el Estado subsidia la diferencia; en cambio PETROECUADOR, produce un barril a 2,14 dólares y se vende a 15 dólares, dejando al fisco cerca de 13 dólares por barril, como se desprende del siguiente cuadro oficial:

Empresa                                            Costo de producción       US$/BLS

Occidental                                                                                         12,39

ELF Bloque 14                                                                                  24,90

ELF Bloque Shiripuno                                                                   13,20

ORYX                                                                                                 11,46

TRIPETROL                                                                                      46,05

MAXUS (REPSOL)                                                                         11,54

Maxus Bloque 16                                                                            16,47

Costo promedio Total                                                                    13.88

Costos de producción de Petroproducción       2.14

Fuente: Petroecuador, Unidad de Administración de Contratos (4 de marzo de 1999)

Como se puede apreciar, a esa fecha todas las compañías, excepto PETROECUADOR, tenían costos de producción superiores a los precios del petróleo en el mercado mundial, lo que volvía económicamente inviables los contratos. Para salvar la ineficiencia transnacional, como dijimos, acudieron a las YAPAS: a Perenco le entregaron el Campo Coca Payamino; a la china Andes Petroleum, los Campos Marian 4A y Fanni 18B; a Petrobrás el Campo Palo Azul; a Occidental les dieron Edén-Yuturi y Limoncocha; a Elf el Campo Shiripuno (Servicios Específicos); y a Repsol-YPF-Maxus los campos Bogi-Capirón y Tivacuno (Servicios Específicos). De esta forma, uno de los países más chiquitos y empobrecidos de América, dio ejemplo de modernización y de vigencia plena del reinado del libre mercado. Pese a esa relación negativa: costos de producción superiores a los precios de venta del crudo en el mercado, Petroecuador ya amortizó, en unos casos la totalidad y en otros gran parte, de las gigantes inversiones originales que hicieron las compañías.

En el Contrato del Bloque 16, la participación que correspondía a PETROECUADOR era del 16,23%, que más el 10.09% de impuestos, daba un total de participación del Estado de 26,32%. Según Petroecuador este plan nunca se cumplió. “la parte proporcional de PETROECUADOR es inexistente, la caja fiscal recaudaría en impuestos el cuarto del 1%, es decir que la participación del País, del ingreso bruto del Bloque, es cero”.[†]

Las inversiones de exploración y explotación previstas originalmente en el Plan de Desarrollo, que eran de 594.5 millones de dólares, se dispararon a USD 1.342 millones”, según informes oficiales de Petroecuador. A esto hay que sumar el grave problema socio-ambiental ocasionado por la explotación irracional del crudo, dentro del Parque Nacional Yasuní, territorio histórico del pueblo Waorani.

Estos costos inflados se debían al reconocimiento de gastos extraños, incluidos gastos familiares, “latisueldos”, viajes de gerentes, utilidades anuales de 300 mil dólares por trabajador, perros de pedigrí, guardias personales, fiestas y orgías. Todo eso al final acabó pagando PETROECUADOR, el subsuelo de la Patria y el pueblo empobrecido de este chiquito país.

Caso similar, es el acontecido con Petrobrás y el Bloque 18. El citado bloque, en el campo Pata, cuenta apenas con 1.8 millones de barriles de reservas probadas, es decir no fue, ni es comercial, de acuerdo al Art. 24 de la Ley de Hidrocarburos, la compañía debía devolver las áreas al Estado e irse del país; pero, el milagro se hizo con la entrega fraudulenta de Palo Azul, un campo de Petroecuador, con más de 100 millones de barriles de petróleo liviano. Mientras el Bloque 18 produce 170 barriles día, Palo Azul genera entre 35 y 40 mil barriles diarios.

En el caso del Bloque 16, la cura resultó peor que la enfermedad. Cuando ya se había amortizado casi la totalidad de las inversiones y el Estado iba a recibir algún beneficio en el bloque, llegaron los EXPERTOS y cambiaron el Contrato de Prestación de Servicios a Participación, con lo cual el país perdió: el 26,32% del ingreso bruto del Bloque 16, estipulado en el Plan original, el 93% de la producción de Bogi-Capirón y el 100% de la producción de Tivacuno. Al final la participación del Estado en el nuevo contrato fue de 12.5%, una auténtica burla.

Actualmente, según reportes oficiales, de las áreas operadas por REPSOL-YPF,  entre 90 y 93 barriles de cada 100, son aguas de formación y apenas entre 10 y 7 corresponde a petróleo, de eso solo el 12.5%, o sea UN POCO MAS DE UN BARRIL, le pertenece al Estado.

Los enormes volúmenes de aguas de formación son reinyectados a una estructura llamada TIYUYACU[‡], considerada una de las más importantes reservas subterráneas de agua dulce del planeta. Es decir, que por recibir 1 barril de petróleo, de cada 100, el Estado permite un auténtico crimen ambiental, la afectación a pueblos ancestrales y especies en peligro de extinción, que coexisten en el Parque Nacional Yasuní, y hasta la humillación de una compañía que como REPSOL-YPF, por poco exige visa a los ecuatorianos que quieran ingresar al Yasuní, por sus dominios. 

Ahora, cuando el contrato de Participación del Bloque 16 está por fenecer y los saldos económicos, sociales y ambientales para el país, constituyen una verdadera tragedia, nuevamente el Estado, ahora a través del Ministro Galo Chiriboga, plantea el retorno al Contrato de Prestación de Servicios, con el premio de extenderles el plazo del contrato, esto resulta una ofensa a la inteligencia, al sentido común y a la dignidad de los ecuatorianos. 

En esas condiciones legales, económicas y ambientales, el bloque 16, los campos Bogi-Capirón y Tivacuno, deben ser cerrados, para frenar la gravísima afectación al Parque Yasuní. Al respecto, en junio del 2007, la Secretaría Nacional Anticorrupción, solicitó al ministerio de Minas y Petróleos, la caducidad del Contrato de Tivacuno, pero como en el caso Petrobrás, a Galo Chiriboga, la palabra CADUCIDAD no cuenta en su diccionario. 

Más grave aún resulta la amenaza de que si en el plazo de 45 días las compañías no se sujetan al cambio de contrato, el Estado les devolvería las inversiones. Aplicar esta advertencia al Bloque 16, en circunstancias que el Estado ya amortizó todas las inversiones originales y es dueño de las instalaciones, significa premiarles DOS VECES.

El Ministro Chiriboga, se habrá enterado que cuando sus actuales asesores, antes sastres neoliberales de: Hurtado, Febres Cordero, Borja, Durán Ballén, Bucaram, Alarcón, Mahuad, Noboa, Gutiérrez, Palacio, recomendaron cambiar los contratos de Prestación de Servicios a Participación, el Estado ya amortizó todas las inversiones realizadas por las compañías, muchas de esas inversiones demencialmente sobrevaloradas, como es el caso de Maxus (REPSOL-YPF), que de US$ 594 millones contemplados en el Plan de Desarrollo, las disparó a US$ 1300 millones. Esas enormes inversiones fueron ya pagadas, y donde algo faltaba por cubrir, se lo hizo con crudo del Estado en los nuevos contratos de Participación. Lo cual significa que la infraestructura actualmente operada por aquellas compañías o sus herederas, le debe pertenecer al Estado, pero no es así, los gobiernos anteriores y los negociadores de antes que en su gran mayoría, son los mismos que ahora ha nombrado Galo Chiriboga, atentaron sin nombre a la soberanía del país, cambiando de contrato, reduciendo la participación del Estado, como en el caso del Bloque 16, de 26.32% al 12.5%, y encima premiándoles con la entrega gratis del menaje (infraestructura).

Con el mal ejemplo de Maxus, la compañía Occidental hizo lo propio. Como el bloque 15 no era rentable, el régimen de Jamil Mahuad, le entregó, bajo la misma figura tramposa de UNIFICADO, los campos Edén-Yuturi (67% de las reservas son Petroecuador) y Limoncocha (80% de Petroecuador). Un informe de Petroproducción, de 1999, ilustra lo dicho: “…los ingresos del País son casi nulos, por cuanto las  utilidades brutas que percibe la compañía por el campo Limoncocha (tasa de servicios), pasan a formar el total de los ingresos del Bloque 15, según el contrato actual y de este total se distribuye para las amortizaciones, costos y gastos de todo el bloque”. Cabe destacar, que solo las reservas del área de Yuturi (104 millones de barriles) son superiores a todas las reservas del  Bloque 15.

Si el bloque 15 no fue comercial, debía aplicarse la Ley y lo que señala el propio contrato, es decir la reversión de las áreas al Estado, pero no, Mahuad, junto a René Ortiz, Ministro de Energía y Jorge Pareja Cucalón, Presidente de Petroecuador, salieron en defensa de la transnacional, cambiaron de modalidad contractual a Participación y entregaron los campos estatales, violando la ley y la soberanía. Finalmente por la acción popular, el contrato fue caducado, pero Mahuad sigue de catedrático en EEUU, René Ortiz manejando AGIP y Jorge Pareja, de analista petrolero.

El contrato que sobrevive bajo la modalidad de Prestación de Servicios es el de la transnacional italiana AGIP, bloque 10, en la Provincia de Pastaza. Actualmente la participación del Estado bordea el 40%, pese a que la compañía amortizó las inversiones en los primeros 5 años de operación. El orden de prelación garantizó primero a la compañía la amortización de las inversiones, montos enormes, incontrolados y ofensivos a la realidad nacional, como es el caso de costos por perforación de pozos direccionales, que el año 2007, oscilaron entre 24 y 28 millones de dólares por pozo, o sea que el Estado reconoció el año anterior más de US$ 80 millones por 3 pozos perforados por AGIP, cuando el costo normal no supera los US$ 4 millones por pozo. La compañía incrementó las inversiones para exploración y desarrollo a US$ 791.1 millones de dólares, US$ 334 millones más de las prevista en el Plan de Desarrollo, mientras los costos totales llegarían a US$ 3720.7 millones de dólares, US$ 1926 millones más que lo calculado en el Plan de Desarrollo. Petroecuador venía reconociendo un promedio de US$ 9,6 US $ por barril, pero las desorbitantes inversiones de AGIP, han disparado el costo por barril a US$  28,00 US $ por barril, un crecimiento del 190 %. (ACP-PETROECUADOR-2007)

Como señala un estudio de la Unidad de Administración de Contratos de Petroecuador,  de noviembre de 2007: “Las ganancias extraordinarias que obtiene la compañía AGIP, generan un estado de inequidad económica por cuanto recibe utilidades extremadamente superiores a las que fueron consideradas en las negociaciones con el Estado”.De acuerdo al mencionado informe la tasa interna de retorno subiría del 9,2 al 19,7 %.

Cada año, la compañía entrega a sus empleados utilidades, el promedio es de 200 mil dólares anuales por trabajador. El extremo del descaro fue el año 1999, cuando la compañía pidió que el Estado le reconozca la compra de varios perros de pedigrí (?), entendemos para cuidar los campamentos y las casas de los gerentes. ¿Quién paga todo ese dispendio?, de acuerdo al Contrato de Prestación de Servicios, lo cubre el pueblo con el petróleo. A esa modalidad nos quiere volver el Ministro Galo Chiriboga.  

Los contratos están fuera de la ley

Al haber declarado la comercialidad de los bloques en forma falsa, se violentó la Ley y se generó un dramático cuadro de ilegalidad y falsa rentabilidad de los yacimientos, que luego fue cubierto con otra ilegalidad y perjuicio económico, como fue la entrega de campos adyacentes, unificados, o extraños a los bloques, como hemos señalado. De acuerdo con la Ley de Hidrocarburos, esos bloques debían ser revertidos al Estado. No hacerlo fue y es causal de caducidad contractual.

Desde finales de la década del 80, todos los accionariados y participaciones fueron sujetos de transferencia y venta en las bolsas de valores del mundo. Casi todas las compañías extranjeras que ganaron licitaciones para operar bloques petroleros, a la fecha, se han ido del país, ahora deambulan por la amazonía sus herederas, muchas de ellas piratas que entraron por la tranquera. Las compañías jugaron y juegan MONOPOLIO en las Bolsas de Valores del mundo, con el valor de nuestros recursos naturales a precios que hasta hoy nadie sabe. Amasaron fortunas transfiriendo derechos sobre un bien público natural, de propiedad “inalienable” del Estado. Luego de haber engordado sus chequeras, notificaron a Ecuador y solicitaron autorización para las cesiones de derechos que ya lo consumaron fuera de nuestra Patria; o lo más vergonzoso, el cambio de nombre de las empresas. Para santificar el acontecimiento, los Ministros de Energía echaron agua bendita y sellaron el bautizo: de Amoco a Petromanabi, de Elf a Cayman, de Pérez Companc a Petrobrás, de City a Andes Petroleum, de Orix a Kerr Mcgee y a Perenco, y así por el estilo.

La Ley de Hidrocarburos, señala que hasta para ceder o transferir una acción se requiere la autorización ministerial; así mismo, si la transferencia de derechos involucra más del 50% de las participaciones, (si no se realiza entre empresas relacionadas), implica modificación de la personería jurídica y exige a más de autorización ministerial, la suscripción de un contrato modificatorio, la mejora de la participación del Estado y el pago de primas. Casi en la totalidad de los casos, no se ha suscrito contrato modificatorio. Se entiende que procedieron así, justamente para no mejorar la paupérrima participación del Estado. Casi todas las compañías habrían incurrido en estos ilícitos, que constituyen causales de caducidad contractual.

La modalidad de SERVICIOS ESPECÍFICOS, para explorar y explotar petróleo, es ilegal, como estableció una Comisión Especial el año 1993, por cuanto ese tipo de contratos no consta en la Ley de Hidrocarburos. Con la entrega de Tivacuno a Maxus-Repsol-YPF, se sentó un grave precedente, que acabó en la entrega dolosa de los campos de Ancón a la ESPOL y Mauro Dávalos, Guachito, Biguno y Paraíso a la empresa privada ecuatoriana SIPETROL, bautizada como SIPEC, cobijada bajo el protectorado de la estatal ENAP de Chile. A más de los aspectos ilegales, informes de Petroecuador establecen gravísimos perjuicios económicos al país. La Comisión Especial sentenció: “El convenio suscrito con Maxus es ilegal y como tal no puede continuar su vigencia”. Pese a esta explícita consideración y otras más actuales, el Ministro Chiriboga, pretende entregar las “Joyas de la Corona” a través de la figura de SERVICIOS ESPECIFICOS, a empresas chinas e indonesas: SINOPEC-ANDES PETROLEUM y PERTAMINA, a las que él habría estado vinculado.

Con los antecedentes expuestos, resulta por lo menos aventurada y de alto riesgo, la propuesta del Ministro Chiriboga de cambiar los contratos de Participación a Prestación de Servicios (REGRESION). Como en toda actividad profesional que involucre responsabilidades humanas y de Estado, debían previamente haberse realizado estudios integrales, diagnósticos serios. Así como sería irresponsable llevar a un paciente al quirófano, sin antes tener, no solo uno, sino varios criterios médicos calificados, tampoco se debe optar por una modalidad contractual, que como hemos evidenciado, ha significado gigantes perjuicios al país. Además resulta ofensivo que en el cuadro de negociadores de los contratos, conformado por el Ministro Chiriboga, se haya incluido a los mismos funcionarios de Petroecuador, Ministerio de Minas y Petróleos y otras instituciones del Estado, que son co-responsables de casi 30 años de usurpación de los recursos petroleros. Hay muy pocas excepciones.

En primer lugar, lo que debe hacerse es una auditoría técnica, económica, legal y ambiental a los contratos de exploración y explotación de petróleo, caso por caso, para identificar: primero, si los bloques operados son comercialmente rentables por sí mismos, es decir sin los campos adyacentes o compartidos; segundo, verificar si las cesiones de derechos, ventas de acciones y cambios de nombres de las compañías, se sujetaron a lo establecido en la Ley de Hidrocarburos y sus Reglamentos; tercero, transparentar las inversiones hechas por las compañías; cuarto, comprobar si la operación de las empresas se realizó y se realiza, respetando los derechos sociales, colectivos y ambientales; quinto, determinar la situación de la infraestructura de aquellos contratos en los que ya se amortizaron las inversiones. Es decir, como confiesan los clérigos neoliberales, verificar SI SE HA RESPETADO EL ESTADO DE DERECHO. Luego de esto, cuando hayamos identificado la enfermedad, entonces se recomendaría la medicina. De no hacerlo así, el quirófano podría transformarse en funeraria.

En conocimiento de una abundante información especializada, informes legales, técnicos, ambientales y económicos de Petroecuador, DNH, Ministerio de Energía y Minas, así como informes de organismos de control, estudios independientes y una basta documentación, se puede advertir, que la casi totalidad de contratos de exploración y explotación de petróleo, se encuentran al margen de la Ley, por lo que, garantizando la vigencia del ESTADO DE DERECHO, debería procederse con la caducidad de los mismos y la reversión al Estado, de los bloques, campos e infraestructura, sin indemnización. Aplicar la ley, es decir, poner en vigencia el Estado de Derecho, tan invocado por los neoliberales, significará la recuperación de recursos económicos equivalentes a SIETE BLOQUES ITT. Solo aquellos contratos que se encuentren en el marco del derecho, serían objeto de renegociación, para mejorar la participación irrisoria que actualmente recibe el Estado. El conocido 80-20, debería transformarse en 20-80. Proceder, como pretende el Ministro Chiriboga, que va de tumbo en tumbo: de Participación a Prestación de Servicios o a contratos mixtos, sería olvidar, esconder y perdonar el delito y eso también es delito, se llama traición a la Patria.

Los retos del Movimiento PAIS, son tan grandes como para pensar que alguien en el Gobierno, pueda ponerlos en riesgo, por sostener a un ciudadano, que aunque ostente cualidades profesionales, lastimosamente se aleja de la obligatoria coherencia ética, que la Patria y el tiempo histórico imponen. El Ministro Chiriboga, no puede con su terquedad poner en riesgo el proyecto de cambio en el sector petrolero y mucho más, complicar el proceso de caducidad del Contrato de Petrobrás, que le significará al Ecuador, en estos duros momentos de catástrofe natural y grave empobrecimiento, la recuperación de importantes y necesarios recursos económicos, además de que brille un poco de soberanía.

Así es el Ecuador de ayer y de hoy, un país envuelto en las tinieblas del capitalismo. El cambio profundo vendrá desde sus identidades rebeldes, desde la sinceridad, la humildad y la vivificación de la utopía. Esa es la responsabilidad de quienes nos llenamos la boca de palabras, como: progreso, Patria para todos, socialismo del siglo que sea, mientras el mundo real, la situación petrolera ecuatoriana no sale de la larga noche neoliberal. Como advierte la poetisa nicaragüense Geoconda Belli “Uno no escoge el país donde nace; pero ama el país donde ha nacido. Uno no escoge el tiempo para venir al mundo; pero debe dejar huella de su tiempo. Nadie puede evadir su responsabilidad…”.

[*] Comunicador, investigador temas petroleros, ambientales, sociales.

[†]Informe Comisión Especial caso Maxus, 1993

[‡]En la cuenca sedimentaria de la Amazonía, el agua de producción está asociadaa los yacimientos de petróleo y particularmente se la encuentra en los reservoriosdenominados Hollín y M-1, aunque se puede evidenciar su presencia en losreservorio Napo “U” y hasta en Napo “T”1.El agua de producción o formación es un tipo de agua sedimentaria producto de150 millones de años de procesamiento natural y tiene niveles muy altos desalinidad y metales pesados. Es fuertemente salina, llegando a tenerconcentraciones de cloruros de sodio y otros sólidos en cantidades que puedenllegar a las 100.000 ppm (miligramos de sólidos por litro de agua.2 El agua demar puede llegar a tener 35.000 ppm.En los yacimientos de petróleo la temperatura suele ser cercana al gradientetérmico promedio de la tierra, 25-30°C/Km., (Elder, 1981). Considerando lasprofundidades a las que ocurre la explotación petrolera (3-6 Km.), la temperaturadel agua alcanza valores del orden de hasta 180 °C.1

“Petróleo, Amazonía y Capital Natural” de F. Reyes y C. Ajamil, 2006”