Prefecta de Orellana permanece en la cárcel acusada de peculado

(Orellana 21-04-08) La prefecta de la provincia de Orellana, Guadalupe Llori, lleva encarcelada varios meses. El ministro de Justicia, Gustavo Jalkh, manifestó que a pesar de que la funcionaria resultó favorecida de una amnistía concedida a los acusados de participar en una medida de hecho en instalaciones petroleras del sector de Dayuma, el año pasado, continúa detenida acusada del delito de peculado. Ella –al igual que todos los ciudadanos– tiene derecho al debido proceso, dijo.

“Toda persona tiene derecho a ese debido proceso. Ahora bien: tampoco puede haber un tratamiento especializado para una persona o para otra persona”, dijo el funcionario al señalar que en el caso de la Prefecta, de acuerdo a la información que proviene de la Función Judicial, la única acusación que tiene en su contra no es el de Dayuma.

El Ministro de Justicia sostuvo que, por ese caso, se ha procedido con el archivo de la causa de Llori al beneficiarse de la amnistía concedida por la Asamblea, “pero también se ha informado que hay otros dos procesos, si no me equivoco, de peculado y que por los cuales no recibió ninguna amnistía y los cuales siguen en marcha”.

Algunas personas o instituciones que opinan sobre el tema señalan que existen dos órdenes de libertad a favor de la funcionaria que no han sido respetadas. Sin embargo, Jalkh recordó que una de ellas se trató del Hábeas Corpus que fue negado por la alcaldía de Quito y la otra fue emitida por jueces sin competencia, que debería ser investigado por las autoridades judiciales.

“Evidentemente, creo que es un tema de mucha sensibilidad, nosotros cuando se dieron esos acontecimientos, los de Dayuma, a todos los implicados, incluyendo a la señora Llori, le hicimos llegar nuestra posibilidad de darle asistencia legal, gratuita e independiente”, aseguró en entrevista para radio Visión.

Jalkh precisó que el rol del Ministerio a su cargo es plantear que el servicio de justicia sea público, pero a quien le corresponde dictaminar providencias judiciales es a los jueces competentes, “y que lo tienen que hacer con la mayor y más alta independencia judicial”. Así descartó que se trate injerencia política del gobierno en este tema. (Fuente: ecuadorinmediato.com)