Acosta y Correa afinaron el Mandato minero

(Quito 20-04-08) El documento se aprobó con 95 votos. Una estrategia conjunta permitió el consenso. Según el Ejecutivo, el nuevo marco legal estará dentro de seis meses.

Una operación política conjunta entre el gobierno de Rafael Correa y el presidente de la Asamblea, Alberto Acosta, permitió consolidar al bloque oficialista para aprobar el Mandato Minero que revertió 3100 concesiones.

La estrategia se inició con la reunión que el Mandatario mantuvo con sus asambleístas, el lunes, en la Universidad Eloy Alfaro, donde se definió -artículo por artículo- el contenido del documento.

La noche del jueves, Acosta mantuvo hasta pasadas las 23:00 una nueva cita con la comisión que redactó el Mandato, integrada por los asambleístas Norman Wray, Betty Tola, Gorki Aguirre, Ana Moser y Rosario Palacios.

En ese encuentro -al que asistió Augusto Barrera- se resolvió convocar al ministro Galo Chiriboga y el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera. La intención , según lo explica Abel Ávila (MPD), fue consensuar el tema en dos puntos claves. Primero, que no sea el Gobierno sino la Asamblea la que asuma directamente la responsabilidad en la reversión de las concesiones mineras.

Segundo, que se modifique la figura de caducidad por la de extinción para evitar posibles demandas contra el país por esa causa.

Pero fue Acosta, quien en la práctica hizo una jugada clave para convencer a su bloque durante el debate. El titular de la Asamblea encargó la conducción de la sesión a Fernando Cordero y mostró su respaldo al Mandato con el argumento de que este será el camino para acabar con lo que denominó “feriado minero”.

Su intervención echó tierra sobre la posición de la asambleísta del oficialismo Diana Acosta, quien está casada con un minero y es cercana a los bloques de oposición. Durante su ponencia, ella cuestionó el Mandato y anunció que se iba a abstenerse de votar. La bancada de minoría le apoyó.

Para la asambleísta Tola, el tema se acordó entre el Gobierno, la Asamblea y las comunidades desde hace más de un mes. Reveló que el punto clave del consenso fue la idea de entender que el Estado ecuatoriano es soberano sobre sus recursos naturales.

Con la presencia de los funcionarios, Acuerdo País mostró hacia fuera un cierto consenso entre los sectores de la tendencia, incluida el ala ambientalista encabezada por el propio Acosta.

Eso pese a las diferencias entre la asesora de Acosta y militante de Acción Ecológica, Esperanza Martínez, con Augusto Barrera, que incluso llevaron a la primera a plantear su renuncia.

En el listado de empleados de la Asamblea consta la ex canciller y hoy embajadora de Ecuador ante la ONU María Fernanda Espinosa como asesora de Presidencia.

La Sala de Prensa explicó que las nóminas de asesores cambian continuamente y descartó que Espinosa esté recibiendo un sueldo de esa instancia.

Dentro de Acuerdo País se ve con buenos ojos que las denominadas posiciones radicales de algunos asambleístas, como la presidenta de la Mesa 5, Mónica Chuji, no hayan incidido.

En el Ministerio de Minas y Petróleo están convencidos de que los ambientalistas –opositores al actual ministro Chiriboga- tuvieron escaso margen de maniobra en este tema.

Lo cierto es que en la agenda interna de Acuerdo País se resolvió que los mandatos constituyentes no salgan de las mesas sino de comisiones o grupos de interés conformados de forma voluntaria de acuerdo con la predisposición que cada asambleísta tenga para aportar en un determinado tema.

Otra ley en 6 meses

El tema de la consulta previa a los comunidades donde está el recurso se incluirá en la nueva Constitución y en la respectiva Ley Minera, según la decisión del oficialista Acuerdo País.

El marco legal que regulará el sector será definido por la Comisión Legislativa especial que se extenderá una vez culminada la gestión de la Asamblea Constituyente, de acuerdo con lo anunciado el viernes en rueda de prensa por Alberto Acosta.

Los cinco proyectos medianos que están en explotación y no suspenden sus actividades son: Liga de Oro, en Azuay; Biva, en El Oro, y Guaysimi Alto, San Carlos y Sultana en Zamora. Todas ellas son minas donde se extrae oro. (El Comercio)